Introducción.

Los medios de comunicación cumplen en las democracias contemporáneas un papel de especial relevancia, sin ellos, en la medida en la que son el reflejo de la libertad de expresión, ésta no podría existir.  

A lo largo de la historia los medios han tenido una estrecha vinculación con las diversas corrientes del pensamiento político especialmente con los partidos políticos. Aspectos como la configuración de la opinión pública o la capacidad de influencia de los medios en la toma de decisiones, directa o indirectamente, han ido ganando peso a medida que avanzaba el siglo XX tanto en su realidad práctica como en lo que se refiere al campo de estudio de los medios y la política, y España no es una excepción.

El proceso de reforma política institucional abierto durante la Transición, la resocialización para el cambio y la aceptación de un nuevo discurso sobre la política quedaron en un primer momento entorpecidas por la falta de agilidad de los aparatos de socialización a la hora de enfrentarse a una realidad social que mutaba rápidamente.

Así, durante la Transición política muchos de los discursos sociales vinculados a la democracia se apoyaron en los medios como canal de difusión y cohesión, periódicos como El País se convertían en referencia habitual de cierto pensamiento liberal ilustrado.

En la actualidad, el panorama que nos ofrece el mundo de la comunicación es tan dinámico que resulta difícil, por no decir imposible, prever la naturaleza, cronología y efecto de los cambios. La estructura empresarial, técnica e incluso política de la industria de la comunicación está cambiando sustancialmente.

Los grandes grupos empresariales han configurado un mapa de comunicación en España en el que prevalece la tendencia a la concentración como característica definitoria. Las empresas informativas han ampliado sus brazos de forma tal que televisión, radio, cine, prensa, e Internet confluyen. La tendencia a la especialización se ha abandonado definitivamente, con la excepción de los medios locales. Los contenidos se convierten así en el verdadero núcleo que vertebran las empresas de comunicación.

Los aspectos tecnológicos juegan un importante papel en el aumento de complejidad que caracteriza a las actividades de la comunicación. La influencia de la técnica hace que el paisaje audiovisual sea cada vez más heterogéneo, los medios visuales y escritos convergen  y generan, además, fenómenos de interdependencia. No consolidado aún el concepto de sociedad de la información, como definición del nuevo modelo, se pasa al de era digital. La velocidad es, sin duda, una de las características definitorias del papel de los medios en el sistema político español.

Prensa, Radio, televisión e Internet.

Los medios tradicionales, prensa, radio y televisión coexisten con la pujanza de Internet y la ampliación que los nuevos entornos telemáticos introducen en sus propias esferas. La función social de los medios como tradicional contrapoder, desde una vertiente crítica, y su acercamiento al orden social establecido se convierten en las dos variables sobre las que fluctúa su interdependencia con el sistema político.   

El siglo XXI arranca con grandes concentraciones en el mundo mediático empresarial. La compra de Antena 3 Radio por el Grupo Prisa en 1992, se vivió como la batalla más dura en los medios de comunicación en los últimos veinte años. Este acontecimiento ha quedado minimizado ante las grandes maniobras financieras llevadas a cabo por Telefónica recientemente. Esta compañía se constituye como el primer operador de servicios de telecomunicaciones en países de habla hispana y portuguesa. Las estrategias de concentración han llevado al poder político a una preocupación creciente. Las instituciones encargadas de velar por la competencia (Tribunal de la Competencia) cobran una relevancia cada vez mayor.

El Senado español ha dictado la primera Declaración de Derechos de Internet. Los representantes políticos se aplican en el intento de regular un entorno especialmente cambiante. En esa misma línea la Unión Europea editó el Libro Verde de la Política Audiovisual en 1994. Pero no podemos reducir el papel de los medios a meros intermediarios son, sin duda, mucho más.

Medios y Poder Político.

El derecho de los medios de radiodifusión: apertura o creación de emisoras de radio, estaciones, televisiones, licencias de telefonía, etc... se caracteriza por una copiosa y detallada regulación que contrasta con el reconocimiento de la libertad de prensa. La regulación se justifica, en este caso, por la existencia de limitaciones en el número de frecuencias disponibles. De tal forma que, al menos teóricamente, la prensa no se encuentra con limitaciones en este aspecto, pero el desarrollo de los sistemas de cable de fibra óptica y la difusión por satélite han revolucionado este campo hasta el punto que el establecimiento de emisoras se considera, más como la prestación de un servicio público, que como derivación natural de la libertad de información. Así, cualquier actuación relacionada con la actividad informática se atiene al mandato del Art. 18 de la Constitución Española de 1978 que se refiere al secreto de las comunicaciones, y sobre todo al Art. 20 referido al derecho a la libertad de expresión.

Con una particular intensidad en los últimos años, se ha fraguado la alteración del funcionamiento de algunas de las piezas esenciales del sistema político. La marcha ordinaria del Congreso de los Diputados se ha visto significativamente trastornada como consecuencia de la presencia mediática. Actualmente parece que la vida parlamentaria española se concentra fuera del hemiciclo; si echamos un vistazo a las páginas de la prensa tras un debate parlamentario, podemos corroborar como, casi sin excepción alguna, el asunto más comentado no es el discurso de los miembros de la cámara, sino las declaraciones hechas por ellos en los pasillos del Palacio del Congreso. Como resultado de la audiencia mediática, los debates parlamentarios, tanto en pleno como en comisión, se han empobrecido extraordinariamente. La vertiente ejecutiva de los poderes estatales no sale tampoco inmune de la irrupción de los medios en la vida política. El efecto más evidente en esta última esfera, tiene que ver con el hecho de que la política ha cambiado de un estado de acción a otro de reacción. Por consiguiente, podemos argumentar que la intervención de los medios modifica, de una u otra forma, los tiempos y los ritmos. La publicación de sondeos se constituye como un ejemplo paradigmático de condicionamiento de la conducta de los miembros del gobierno.

La Agenda Política Española.

La configuración de la agenda política es otra dimensión donde se manifiestan claramente los efectos mediáticos. En este proceso, la función de provisión de información atribuida a los medios es vital; los flujos de información son bidireccionales, lo cual permite a los medios, primero, modelar la opinión publica y, segundo, moldear la agenda parlamentaria. De este modo, las prioridades de los medios de comunicación se convierten de algún modo en prioridades del público, y éstas a su vez en prioridades de los diputados, pasando posteriormente a ocupar una posición preeminente en la agenda política.

Bernard C. COHEN aseguraba ya en 1963, que la prensa, en la mayoría de las ocasiones, no tiene éxito diciendo a la gente qué ha de pensar, pero continuamente tiene éxito diciendo a sus lectores sobre qué ha de pensar. Por consiguiente, se puede argumentar que, sin duda, los medios juegan un papel elemental ya que, primero, disfrutan de una cualidad muy efectiva para modelar nuestras ideas sobre importantes cuestiones o personalidades y, segundo, ocupan una posición privilegiada para configurar el orden del día parlamentario. En unas declaraciones, un antiguo presidente de la cámara baja, Félix PONS, denunciaba esta cuestión como elemento desestabilizador presente en la vida política española; aseguraba que hemos pasado de una situación en la que los periódicos se nutrían de la agenda parlamentaria, a otra en que la agenda parlamentaria se nutre de los titulares de periódicos.

Parece incuestionable que la actividad parlamentaria está condicionada en un altísimo grado por los contenidos presentados en los medios en general, y por los titulares de los periódicos en concreto. No obstante, encontramos dificultades en cuantificar esta influencia, es decir, en mesurar el poder real que los medios poseen en la configuración de la agenda parlamentaria. Sin embargo, si distinguimos entre las actividades plenarias y el trabajo en comisiones parlamentarias, podemos establecer que en el caso de la constitución de comisiones de investigación, la influencia de los titulares puede cuantificarse en un 100%. Esto significa que absolutamente todas las comisiones de investigación instituidas hasta el momento obedecen a la respuesta parlamentaria a un estímulo mediático.

En siguiente lugar, cabe preguntarnos sobre los mecanismos utilizados por los medios con el objetivo de incidir en la configuración de la agenda. Podemos diferenciar principalmente dos resortes utilizados con este propósito. El primero de ellos consiste en la omisión o exclusión deliberada de determinada información llevada a cabo por la prensa. La consecuencia más inmediata que produce esta práctica es el desconocimiento por parte de la sociedad civil de la información puntual sobre la que los medios no quieren informar. Este mecanismo es realmente efectivo porque, tal y como han evolucionado las cosas, nos encontramos en un contexto en el cual lo que no está en la prensa no existe. En lo que se refiere al segundo de los mecanismos, podemos decir que se trata justo de lo contrario, es decir en la saturación de información.

Los medios han convertido en un ejercicio bastante habitual sobrecargar al lector con demasiada información, lo que produce que los receptores se vean incapaces de construir una correcta percepción política, derivando este hecho en la difuminación o el  desvanecimiento de la posibilidad de ofrecer a los individuos una adecuada representación de la vida política. En consecuencia, los medios tienen en su mano la eliminación de la capacidad de discernimiento de los ciudadanos, bien por omisión, bien por saturación de información.

Legitimidad.

Por último, parece interesante prestarle atención a otra de las dimensiones fundamentales de los regímenes democráticos profundamente determinados por el quehacer mediático. Se trata de la legitimidad, tanto de los representantes de la soberanía popular, como de los propios miembros del poder judicial.

En las últimas décadas, la legitimidad parece haber cambiado de bando en palabras de  Minc. La legitimidad de los miembros del Parlamento entra en competición con una nueva fuente de legitimidad, la de los medios de comunicación. Ambos adversarios se ensañan en la lucha por representar la voz y los intereses de los ciudadanos  protagonizando una “competencia desleal” en el intento de representar a la opinión pública; Según Minc, el interés general se ve condenado a expresarse a través de la boca de los periodistas, mucho más que a través de la boca de un simple diputado. Ni que decir tiene que esta competición es de naturaleza desigual, puesto que las consecuencias que pudieran llegar a ocasionar en los miembros del Parlamento, son incomparables con las que pueden sufrir los periodistas, a veces prácticamente imperceptibles, siendo por lo tanto los políticos los que salen profundamente dañados del combate.

En lo que se refiere a la incidencia mediática en la legitimidad del poder judicial, ésta tiene que ver con la instauración de una nueva clase de juicio por los medios, los denominados “juicios paralelos”. Éstos consisten en que mientras una determinada acción legal tiene curso, otro proceso judicial es llevado a cabo de forma paralela desde las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión, como asimismo en los medios radiofónicos. Esta práctica mediática, que duplica los procesos judiciales, trata de sustituir estos últimos en la mentalidad popular creando una situación muy arriesgada, la del descrédito del cuerpo judicial. Por lo tanto, la legitimidad y el prestigio de aquellos empleados en la administración de justicia, se ve acechada por el funcionamiento de los medios de comunicación, el cual produce además otros efectos perversos en el desarrollo de los procesos judiciales, como la desaparición de la presunción de inocencia y las consecuencias a veces irreversibles que los veredictos de la opinión pública provocan sobre sus inculpados.

Conclusión.

Los medios, tradicionales o novísimos, cumplen, o pueden llegar a cumplir, funciones legitimadoras y deslegitimadoras de lo político, obviarlas es negar la realidad.

La teledemocracia, la mediocracia, en definitiva el análisis de la democracia centrada en los medios, es ya una constante en la sociología y en la ciencia política. Sus funciones y disfunciones constituyen una de las preocupaciones más acuciantes en lo que se refiere al desarrollo de la democracia. Coexisten posiciones muy críticas sobre la relación de los medios con la política, por citar a algunos de los más relevantes estudiosos del fenómeno: Chomsky o Ramonet, con analistas más ponderados como Habermas, Cotarelo o Minc.

Tanto en España como en el resto del planeta, el proceso de fusiones entre grupos de comunicación, entidades financieras y compañías vinculadas al intercambio de información se suceden en una progresión exponencial. Su poder de influencia, directo e indirecto, sobre el marco estrictamente político es cada vez mayor.

Principales Medios de Comunicación en España.          

Atendiendo a su difusión según OJD (http://www.ojd.es).

Bibliografía.

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COTARELO, Ramón y Juan Carlos CUEVAS (Comps.)(1998): El cuarto poder. Medios de comunicación y legitimación en España, Melilla, UNED.

CRUZ, M. Y Mª Dolores SÁIZ (1996): Historia del periodismo en España, Madrid, Alianza.

GOMIS, Lorenzo (1987): El Medio Media; La Función Política de la Prensa,  Barcelona, Mitre.

MINC, Alain (1995): La borrachera democrática, Madrid, Temas de Hoy. 

MUÑOZ, Alejandro,  Carlos MONZÓN, José Ignacio ROSPIR y J. L. DADER (1990): Opinión pública y comunicación política, Madrid. Eudema. 

SANCHEZ, Santiago (1996): Los medios de comunicación y los sistemas democráticos, Madrid, Marcial Pons.